San Cristóbal de la magia: convierte el FAISMUN en un agujero negro.

Por Javier Opón

San Cristóbal de Las Casas es una ciudad mágica. No solo por su arquitectura colonial o su diversidad cultural, sino por la capacidad de su ayuntamiento para hacer desaparecer dinero público como si de un acto de ilusionismo se tratara. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió un Pliego de Observaciones que retrata, con lujo de detalles, la forma en que la administración de la presidenta municipal ha manejado —o más bien, ha desmanejado— los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAISMUN) 2024. El resultado: 21,666,590.00 millones de pesos que la federación exige sean reembolsados, más intereses, por no comprobar el destino de ese dinero. Pero la cosa no termina ahí. El monto total por devolver asciende a más de 31 millones de pesos. Veintiun millones más intereses que, según los auditores, carecen de la documentación mínima para justificar su ejercicio.

No se trata de una diferencia menor. No es un error de forma. Es la constatación de que en San Cristóbal, la ley de contabilidad gubernamental es una sugerencia y la obra pública, un misterio. Los contratos señalados por la ASF son 15, identificados con números FAISMUN 030, FAISMUN-041，FAISMUN-063, FAISMUN-100, FAISMUN-124, FAISMUN-128, FAISMUN-135, FAISMUN-143, FAISMUN-147, FAISMUN-149, FAISMUN-152, FAISMUN-153, FAISMUN-154, FAISMUN-155 y FAISMUN-157,  en ninguno de ellos, la autoridad municipal pudo presentar documentos elementales, el acta de entrega-recepción de la obra, el acta de extinción de obligaciones, el finiquito, la bitácora, las estimaciones con soporte, el oficio de terminación, el contrato de la cuenta bancaria pagadora o los comprobantes de pago. O sea, la presidenta municipal recibió millones de pesos para infraestructura social, pero no puede demostrar que las obras se hicieron, que los contratos se cumplieron, que el dinero llegó a plos destinatarios finales. Si eso no es un presunto desvío de recursos, que alguien me explique qué es.

El caso del contrato FAISMUN-155 es particularmente revelador. Se trata de la adquisición de luminarias. Recursos destinados a mejorar el alumbrado público, algo que los san Cristobalenses necesitan y reclaman. Pero la ASF señala que el reporte fotográfico no acredita las características técnicas de lo comprado. Es decir: no se puede demostrar que lo pagado haya sido realmente lo entregado. ¿Fueron luminarias de alta eficiencia o focos chinos de 20 pesos? ¿Se instalaron o se quedaron arrumbadas en una bodega? ¿Se usaron en las colonias más necesitadas o terminaron iluminando propiedades particulares? La presidenta municipal no pudo responder ninguna de estas preguntas. Y mientras tanto, el dinero de los san Cristobalenses, ese que tanto costó recolectar en impuestos, ya no está.

La lista de omisiones es tan larga como vergonzosa. La ASF señala el incumplimiento de al menos tres ordenamientos: la Ley General de Contabilidad Gubernamental (artículos 42, 43 y 70), la Ley de Coordinación Fiscal (artículos 33 y 49), y la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas (artículos 89, 92 y 103). No es una, son tres leyes las que la presidenta y su equipo de finanzas y obras públicas han decidido ignorar. Y la federación, a través de la Auditoría Superior, ha dado un ultimátum: o devuelven los 21 millones más intereses, o las consecuencias legales comenzarán a llegar.

Pero aquí es donde el cinismo se vuelve una obra de arte. La presidenta municipal, en lugar de presentar excusas o reconocer errores, ha optado por el silencio. No ha dado la cara. No ha explicado a los san Cristobalenses qué pasó con los 21 millones que están en el aire. No ha dicho si los contratos fueron asignados a empresas fantasmas, si hubo sobreprecios, si los recursos terminaron en campañas electorales anticipadas. Mientras tanto, la ciudad sigue con sus baches, sus luminarias fundidas, sus obras inconclusas. La magia de San Cristóbal, parece, no está solo en sus calles empedradas, sino en la capacidad de su ayuntamiento para hacer desaparecer dinero público sin dejar rastro.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha dicho en repetidas ocasiones que en Chiapas no habrá impunidad para los corruptos. Ha ordenado auditorías, ha respaldado a la Fiscalía Anticorrupción, ha prometido que su gobierno será el de la transparencia. Pues bien, aquí tiene una prueba de fuego. La ASF ya entregó el expediente. El monto está cuantificado. Las leyes violadas están especificadas. Lo que falta es que las autoridades estatales actúen: que investiguen, que finquen responsabilidades, que recuperen el dinero, y que la presidenta municipal rinda cuentas no solo ante la federación, sino ante su propio pueblo, que la eligió para gobernar, no para hacer actos de magia con los recursos.