Renuncia asesora jurídica: acusan acoso laboral dentro del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas
Jimena González / Semanario Mirada Sur
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas .- La abogada Mónica del Carmen Domínguez Montalvo, hasta hace unos días asesora jurídica del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, acusa directamente al titular de dicha área, Amado Villafuerte González, de cometer actos de hostigamiento y violencia psicológica contra ella y otras trabajadoras del área, entre ellas Selene Isabel Domínguez Penagos, Margarita Melchor Díaz y Sandra Quintero Urban.
La Ex funcionaria del Ayuntamiento coleto presentó su renuncia irrevocable tras denunciar acoso laboral, abuso de poder y presiones para falsificar documentos oficiales.
“Me exigió levantar actas en contra de mis compañeras con fechas falsas, diciendo que contaba con el respaldo de Presidencia…”, señala Domínguez en su carta dirigida al Oficial Mayor.
Los audios filtrados en redes sociales refuerzan las denuncias, mostrando presiones directas para firmar documentos sin sustento legal, así como un comportamiento alterado y amenazante por parte del funcionario denunciado. En uno de los audios, se escucha cómo se intenta forzar la intervención de la abogada en actos administrativos fabricados, situación que ella califica como grave y fuera de toda ética profesional.
La afectada asegura que la situación le generó una crisis de salud, incluyendo una parálisis facial parcial ocasionada por el estrés, al haber sido retenida por más de cuatro horas bajo presión psicológica.
De acuerdo con el testimonio de la abogada, la presidenta municipal está plenamente informada de lo que sucede al interior de la Consejería Jurídica. El funcionario señalado habría mencionado abiertamente que cuenta con su respaldo, asegurando incluso que una de las trabajadoras afectadas es su sobrina, lo que habría facilitado la manipulación de documentos internos sin consecuencias.
Hasta el momento, no hay una postura oficial de la alcaldesa ni del Ayuntamiento en general.
La renuncia va acompañada de una sólida base legal, incluyendo jurisprudencia del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo que establece que, al juzgar con perspectiva de género, basta con acreditar de forma indiciaria el acoso laboral para que se configure legalmente. También se cita el artículo 3 de la Convención de Belém do Pará, que protege el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Esta denuncia no solo exhibe una práctica de violencia sistemática contra trabajadoras del municipio, sino también la normalización de estas conductas en las estructuras de poder local.